Fiscalía acusa por el brote de València d'Àneu

Lluís Visa, Lleida.
La fiscalía de Lleida acusa al ex concejal de obras del Ayuntamiento de València d’Àneu(Pallars Sobirà), Jordi Farré, y a cuatro empresarios hosteleros del municipio de causar el brote de gastroenteritis que a finales del pasado mes de diciembre afectó a más del 65 % de la población. De todas las personas que resultaron intoxicadas, dos tuvieron que ser hospitalizadas y una de ellas, de 98 años, falleció a los pocos días por un paro cardíaco. En el momento de producirse la intoxicación, el consistorio de València d’Aneu, localidad que tiene alrededor de 130 vecinos, estaba gobernado por la socialista Montse Morén, que en mayo de 2006 sustituyó en el cargo al actual consejero de Agricultura, Joaquim Llena, también del PSC.
El Departamento de Salud determinó que la infección fue provocada por el germen Shigella tras consumir agua del grifo en malas condiciones de potabilidad. El origen de este germen se encontró en las aguas residuales de origen humano que, probablemente, contaminaron la red pública de abastecimiento a la población coincidiendo con una avería en el sistema de cloración, que según la versión del consistorio se heló debido a las bajas temperaturas de aquellas fechas.
La fiscalía ha denunciado ante el Juzgado de Tremp al ex edil Farré y a los responsables de tres establecimientos hoteleros(Els Avets, Les Ares y El Gerdar) por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. A estos últimos les acusa de no tener licencia ambiental y de verter aguas fecales directamente al río Bonaigua, de donde el consistorio captaba el agua de forma irregular para llenar los depósitos municipales. A Farré se le acusa también de un delito por lesiones imprudentes, ya que casi un centenar de personas padecieron los síntomas propios de la intoxicación, y de manipular el mecanismo de cloración del depósito municipal para ocultar las verdaderas causas del brote de gastroenteritis y atribuirlo a una avería.
La investigación judicial ordenada en su momento por la fiscalía para depurar posibles responsabilidades establece que, el 18 de diciembre de 2006, la brigada municipal de València d’Àneu realizó una captación adicional de aguas del río Bonaigua “sin contar con concesión o autorización administrativa para ello”. Según el fiscal, el consistorio venía realizando la misma operación periódicamente desde hacía 15 años durante los meses de julio y diciembre (cuando el consumo era mayor) con el fin de llenar los dos depósitos municipales, con una capacidad de 70.000 y 200.000 litros, respectivamente. El municipio tenía sólo autorización para captar agua del manantial Fontaigua, siendo ésta sólo apta para el consumo humano una vez clorada.
Entre los días 24 y 26 de diciembre de 2006, la mayoría de los vecinos de València d’Àneu empezaron a sentir síntomas de gastroenteritis, habiéndose encontrado el origen de la contaminación en la red de abastecimiento de agua a la población a causa de un germen procedente de heces humanas. La explicación que dio entonces el consistorio fue que las bajas temperaturas habían inutilizado el sistema de cloración.
Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto que, “con la finalidad de ocultar el hecho”, el concejal de obras de la localidad, Jordi Farré y un vecino de la localidad que tiempo atrás trabajó para el Consejo Comarcal del Pallars Sobirà “se dirigieron al lugar en el que se encuentran los depósitos y manipularon el mecanismo de clorado a efectos de atribuir la culpa del brote de gastroenteritis a su mal funcionamiento”. El clorador dependía del ente comarcal y disponía de un servicio de atención inmediata las 24 horas del día, que en este caso no fue utilizado por Farré.
El fiscal destaca también que, el 26 de diciembre, el Ayuntamiento “conocía muy probablemente” que el brote de gastroenteritis tenía su origen en el agua corrupta con la que eran llenados los depósitos municipales y que a pesar de ello permitió seguir llenándolos con agua captada ilegalmente hasta el día 29 de diciembre, fecha en la que una inspectora sanitaria levantó acta de la infracción. Farré dijo ayer en declaraciones a TV3 que no se siente culpable de una operación que se viene haciendo desde hace 15 años.
La fiscalía no descarta la posibilidad de añadir a más personas a la lista de acusados si las nuevas diligencias que ordene practicar el juzgado de Tremp demuestran que los depósitos municipales se llenaban de forma fraudulenta desde hacía mucho tiempo. Entra éstas personas podrían figurar otros miembros del consistorio en los últimos cinco años, incluidos sus dos últimos alcaldes, los socialistas Joaquín Llena y Montse Morén. Cuando se produjo la intoxicación, las pasadas fiestas de Navidad, Llena ya no era alcalde, pero aún continuaba como concejal sin ninguna responsabilidad concreta en el consistorio.
Seis meses ha tardado la justicia en encontrar a los presuntos responsables de una intoxicación masiva que el Ayuntamiento de València d’Àneu trató de silenciar en todo momento. La ex alcaldesa llegó a acusar a sus conciudadanos de propagar falsedades y a algún medio de comunicación de verter mentiras por hacerse eco del malestar de los vecinos. El consistorio también negó información a los concejales de la oposición, de CiU. La ex concejal de este grupo, Imma Gallimó, felicitó ayer el trabajo hecho por la justicia, pero al mismo tiempo mostró su sorpresa por el hecho de que se acuse a las personas implicadas por un delito contra el medio ambiente y no por un delito contra la salud pública cuando hubo tantas personas afectadas.
DESPIECE
València d’Àneu es uno de los ocho núcleos de población que conforman el municipio de Alt Àneu. Situada a 1.086 metros de altitud, entre los ríos Bonaigua y Noguera Pallaresa y al pie de las primeras rampas de la carretera que conduce al puerto de la Bonaigua, un paso cerrado durante muchos días en invierno debido a la nieve, la localidad vive principalmente del turismo relacionado con la naturaleza. Las infraestructuras hoteleras y las nuevas urbanizaciones de segunda residencia se han multiplicado en los últimos 15 años.
La ampliación de los dominios esquiables de la estación de esquí de Baqueira-Beret hacia el norte de la comarca del Pallars Sobirà ha aumentado considerablemente las expectativas turísticas de esta zona del Pirineo de Lleida. Un territorio paradisíaco que en pocos años, coincidiendo con el paso por la alcaldía de Joaquím Llena, actual consejero de Agricultura del gobierno catalán, ha dejado su regusto bucólico para pasar a ser muy codiciado por la industria del esquí y del ladrillo. Llena ha sido uno de los principales aliados del modelo de crecimiento urbanístico que se está imponiendo en los valles d’Àneu. Contrario a la reintroducción del oso pardo y a la ampliación de los espacios naturales protegidos, Llena ha defendido siempre los proyectos de ampliación del complejo invernal aranés y la construcción de nuevas urbanizaciones arguyendo que el turismo llevará el progreso a una comarca deprimida y convertirá a sus vecinos en nuevos ricos.
En València d’Àneu, como ocurre en muchos pueblos de alta montaña, donde la naturaleza y el agua deberían ser su principal atractivo, uno de los problemas a los que se enfrentan los gobernantes es la falta de agua potable para abastecer las nuevas urbanizaciones que a menudo se levantan lejos de los núcleos de población. La situación que se vivió en esta localidad las pasadas navidades, a causa de un brote de gastroenteritis provocada por el desvío de aguas fecales a los depósitos municipales, contrasta con el desmedido interés demostrado por su consistorio para aprobar proyectos urbanísticos que en algunos casos implican quintuplicar la población en algunos núcleos en determinadas épocas del año, principalmente en invierno y en verano. Y todo ello sin tener en cuenta aspectos tan esenciales como la captación y la depuración de las aguas residuales. No deja de ser un contrasentido que desde la administración se promueva un turismo natural de cercanía y los visitantes tengan que beber agua contaminada.