Los responsables de la todopoderosa estación de esquí de Baqueira-Beret han cometido -con el presunto consentimiento de la autoridad administrativa y judicial- la mayor salvajada que puede cometerse contra el medio ambiente. El pasado 24 de diciembre, la entidad ecologista Ipcena denunció que unos empleados de la empresa habían colocado varias cargas explosivas en el más grande de los lagos del glaciar del Rosari, a más de 2.300 metros de altitud, para poder bombear agua hacia sus depósitos de captación. Es un escándalo que una empresa privada pueda atentar grave e impunemente contra un lago glaciar, el símbolo más genuino de la naturaleza, infringiendo todas las leyes de protección establecidas. Ha pasado casi un mes desde la denuncia sin que ninguna administración competente en la materia haya abierto la boca, lo que puede interpretarse como la aprobación y/o justificación de la tropelía cometida. Deduzco, pues, que estamos en un país tercermundista gobernado por instituciones folclóricas y bananeras que no merecen ser respetadas por los ciudadanos. Un país donde la delincuencia de cuello blanco tiene bula y donde la actuación de determinados órganos judiciales y administrativos está creando una alarma social insostenible.
A mi no me ha sorprendido lo ocurrido en Baqueira, pues no es la primera vez que en sus dominios se comete una agresión contra el ecosistema por simples intereses especulativos de la empresa. Nunca le ha pasado nada. Si alguien hubiera realizado voladuras en un lago helado para extraer agua de forma ilegal, como ha hecho Baqueira, habría sufrido el rigor de la ley y, posiblemente, habría acabado con sus huesos en la cárcel. Los ciudadanos no entendemos porqué Baqueira ha de recibir un trato de favor de las administraciones, que en este caso ni siquiera se han molestado en investigar lo ocurrido. ¿Podemos tener confianza en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley? Ninguna. Existen demasiados indicios para creer que la prepotencia que está demostrando Baqueira tiene mucho que ver con el amiguismo que se practica en la política española y catalana y, por supuesto, a la clase de clientes que pasan sus vacaciones de invierno en el complejo, entre ellos los miembros de la familia real, del Gobierno central y autonómico, industriales, financieros y demás chusma. Si no recuerdo mal, el Príncipe Felipe eligió los paradisíacos paisajes del valle de Aran para rodar el primer capítulo de la serie de televisión “España salvaje”. Creo que se equivocó de título. La serie debería haberse llamado “Los salvajes de España”, en honor a sus anfitriones de Baqueira. Si las más altas instancias del país bendicen la infracción cometida por un particular rico y poderoso, ¿qué fuerza moral tienen para obligar al resto de los españoles a respetar la legalidad y el medio ambiente?.
Desde la apertura de las pistas de esquí de Baqueira-Beret, hace más de 35 años, los ecologistas han denunciado numerosas actuaciones irregulares en sus dominios esquiables, sin que las autoridades competentes hayan puesto freno a tanta devastación. Las voladuras realizadas en el lago del Rosario son una clara demostración de que la política medioambiental de la Generalitat es contradictoria, fraudulenta y está al servicio de intereses particulares. Es evidente que Baqueira tenía mecanismos legales más convincentes que la Goma-2 para conseguir agua para sus cañones de nieve artificial, pero no los utilizó porque sabe que, haga la barbaridad que haga, no recibirá ningún reproche ni sanción. Ya que las administraciones no cumplen con su deber y la sociedad que explota las pistas de Baqueira no demuestra ningún interés por respetar el medio ambiente, lo único que se puede desear es que sea la propia naturaleza la que pase factura a tanta salvajada. Y si este año ha sido una ola de frío siberiano la que ha dejado sin agua al complejo, rogar para que en próximas temporadas la estación reciba como compensación una ola de calor sahariano. Es lo mínimo que se merecen!.
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